El Cafecito


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El cerebro también es una víscera, por Fernando Casas de la Peña

¿Puedes devolver la vida? Entonces

no te apresures a dispensar la muerte.

Gandalf “el gris”. El señor de los anillos.

En respuesta a una serie de eventos que han impactado socialmente, como el secuestro y asesinato de Fernando Martí y de su chofer, así como de toda una familia en Ciudad Guzmán (y de muchos casos más que parecen multiplicarse con el paso de los días), han surgido voces de diferentes sectores que claman por una reacción de las autoridades. Dichas peticiones van desde el presidente que pide cadenas perpetuas para secuestradores, hasta empresarios que solicitan la instauración de la pena de muerte, la castración y penas mucho más severas. Incluso hay quien sugiere que se permita a los ciudadanos la portación de armas para defenderse.

Por supuesto también están los que piden respuestas menos viscerales, señalando las graves deficiencias que hay actualmente en nuestro sistema judicial que impedirían una implantación efectiva de tales medidas. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener condenas más severas si de cada 100 delitos sólo se denuncian 10? Además, de cada 10 denuncias, sólo una concluye en condena; es decir, el índice de impunidad es del 99%. Pero peor aún, esa única convicción de cada 100 delitos no ofrece certeza de que el condenado sea culpable.

Steven D. Levitt (2005) describe en su libro Freakonomics cómo, durante la década de los ochenta, el crimen en los Estados Unidos se había disparado de una forma alarmante, en los últimos 15 años los crímenes violentos habían aumentado 80% y los expertos anunciaban la aparición de una nueva especie de criminal: el “súper depredador” ante el cual había poco que hacer.

Sorpresivamente, a principios de los noventa los índices delictivos comenzaron a disminuir; y fue sorpresivo por lo rápido de esta disminución; ante esto, los expertos mencionaban explicaciones como la implantación de nuevas estrategias policíacas, mejores prisiones, ataques contra los distribuidores de drogas, una economía creciente, leyes de control de armas o simplemente un aumento en el número de policías.

Sin embargo, de todas estas explicaciones, sólo tres tenían que ver con la declinación del crimen y una cuarta, no mencionada por los expertos parecía ser la causa de mayor contribución a este cambio.

Por ejemplo, una economía fuerte contribuye a una disminución del crimen, pero sólo de cierto tipo, relacionado con factores financieros: robos, asaltos, etc.; pero no explica los crímenes de naturaleza violenta: violaciones u homicidios. Hay estudios que muestran que una baja del 1% en la tasa de desempleo sólo refleja el 1% en la tasa de crímenes no violentos. En los 90 la tasa de desempleo bajó 2% mientras que los crímenes no violentos bajaron el 40%.

Otro de los factores resultó ser el tiempo de prisión. Durante los años 60 hubo un movimiento a favor de los derechos humanos que también afectó las políticas con respecto a los crímenes: hubo un menor índice de convicciones y éstas eran menos severas. Si una persona fuera a cometer un crimen, las posibilidades de ser condenado eran menores, y aún así, el tiempo de condena era menor. El resultado fue un aumento en el crimen. En los 90, con el regreso de penas más severas, este factor explicaba cerca de un tercio en las estadísticas de reducción de la criminalidad.

En relación a la pena de muerte (la condena más severa) ésta ha demostrado ser poco efectiva como disuasivo de los crímenes, primero porque el número de ejecuciones es bajo y segundo porque el proceso en sí es muy lento; históricamente se ha demostrado que el uso de la pena capital no disminuye los crímenes violentos. Es importante señalar que estas son las conclusiones de Levitt, las cuales surgen de un análisis estadístico en los EU. Por mi parte, yo añadiría que hay más razones en contra de la pena de muerte: en un sistema tan corrupto e inequitativo como el nuestro (el de EU no es significativamente mejor) son más las personas que no pueden comprar justicia las que terminan en las cárceles; no habría seguridad de que la pena de muerte no se estuviera aplicando a gente inocente.

Por supuesto que quienes se dedican a poner a los criminales en prisión son los policías, y aquí también se encontró una correlación: a mayor número de policías, menos crímenes. Por esto uno podría suponer que las nuevas técnicas policiales como las empleadas por Rudolph Giuliani en Nueva York (y luego exportadas sin resultado a la ciudad de México); sin embargo, las nuevas políticas de cero tolerancia no fueron puestas en efecto sino hasta después de 1994, bastante después del inicio del declive en la criminalidad.

Levitt termina ofreciendo una posible causa no explorada para la disminución del índice de criminalidad en los 90 en los Estados Unidos: el aborto.

Como prueba de su conclusión muestra estudios hechos en Rumania durante el período de Ceausescu en el que se volvió ilegal el aborto. “Los investigadores encontraron que en los casos en los que se le niega el aborto a una mujer, a menudo ella rechaza al bebé y resulta incapaz de darle un buen hogar. Aún controlando las variables de ingreso, edad, educación y salud de la madre, los investigadores encontraron que estos niños eran más susceptibles a volverse criminales” (p. 136).

En Estados Unidos las leyes desde principios de siglo empezaron a prohibir los abortos, lo que redundó también en un aumento poblacional. Sin embargo, a partir de los años 60, varios estados flexibilizaron sus leyes anti-aborto; para 1970 cinco estados lo habían convertido en legal y en 1973 se legalizó el aborto en todo el país. Para 1980 el número de abortos en ese país había llegado a 1.6 millones (uno por cada 2.25 nacimientos), la mayor parte de ellos de mujeres solteras de bajos ingresos y poca educación que antes no podían pagar un aborto ilegal. Estos dos factores: la pobreza y venir de un hogar con un solo padre son los predoctores más fuertes de la conducta criminal.

En 1990, cuando la sociedad se estaba preparando para enfrentarse con el súper depredador, éste no llegó nunca. La gran cantidad de personas que estarían llegando a finales de su adolescencia (el período más crítico para la criminalidad) simplemente no estaba. “El aborto legalizado provocó una menor cantidad de niños no deseados; el rechazo infantil conduce a una mayor criminalidad, por tanto, el aborto legal produce menos criminales” (p. 139).

No es fácil obtener conclusiones al respecto, y las implicaciones morales son tremendas. Pero en un afán por simplificar este asunto, me permito decir lo siguiente:

Los liberales aborrecen la pena de muerte y favorecen el aborto.

Los conservadores aborrecen el aborto y favorecen la pena de muerte.

No hay forma de predecir el futuro de un no nato; pero aparentemente muchos de esos niños no deseados, terminarán creando víctimas y enajenando a una sociedad que clamará por su ejecución. La ironía es apabullante.

Referencia:

Levitt, Steven D. y Dubner, Stephen J. (2005). Freakonomics. William Morrow, N.Y.

Fernando Casas de la Peña es psicólogo, diseñador y curioso profesional.