El Cafecito


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El lapsus de EPN, por Enrique Puente Gallangos

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El pasado 1 de diciembre, al tomar posesión de su cargo como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Peña Nieto leyó la protesta señalada en el Artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

ARTICULO 87. EL PRESIDENTE, AL TOMAR POSESION DE SU CARGO, PRESTARA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION O ANTE LA COMISION PERMANENTE, EN LOS RECESOS DE AQUEL, LA SIGUIENTE PROTESTA: “PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA UNION, Y SI ASI NO LO HICIERE QUE LA NACION ME LO DEMANDE”.

Al leer la protesta omitió leer “POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. Esta omisión, error, equivocación o lapsus, tiene varias aristas de análisis. Jurídicamente o Constitucionalmente se considera una violación a la Constitución.

Un caso parecido sucedió en el país vecino el pasado 20 de Enero del 2009 al tomar protesta el Presidente Barack Obama, el juez de la Suprema Corte John G. Roberts se equivocó en el orden de las palabras cuando le tomó la protesta al Presidente y para evitar una Controversia Constitucional, los asesores recomendaron se volviera a hacer el juramento. Destaquemos que el sistema Norteamericano como sistema simbólico-imaginario se sostiene precisamente este tipo de actos simbólicos constitucionales que le otorgan la validez. Al parecer en el sistema Mexicano este tipo de errores ¡no tienen la mayor importancia! Es por ello que el análisis Jurídico constitucional lo termino en este instante, no sin antes comentar que la primera violación a la Constitución la hizo Peña Nieto en su carácter de Presidente de este país y quedo impune.

Procedo a comentar un análisis diferente pero no desligado del fondo del asunto. Consideremos esta omisión, error, equivocación, violación constitucional lo tomaremos como un lapsus. Un lapsus, acto fallido, manifestación inconsciente en forma de equivoco que aparece en la expresión consciente. En este lapsus algo queda reprimido y lo reprimido en algunos casos se encuentra en el orden de la mentira y en otros casos en el orden del deseo.

Es conocido por todos que para obtener el cargo de Presidente, pasa por una serie de procesos donde es común tener como premisa las “promesas en campaña”. Promesas de orden moral por lo general, promesas que quedan reprimidas y son de tal intensidad que en algún momento y sobre todo en momentos simbólicos reaparecen en forma de lapsus. Este ejercicio nos obliga a todos en lo particular analizar las promesas que hizo Peña nieto y realizar un análisis en el tiempo.

El lapsus de Peña Nieto o su mentira y deseo es que: La Constitución no es Política y no estamos conformados por Estados miembros dentro de la Federación. El lapsus de Peña Nieto es al mismo tiempo el primer acto de violación Constitucional y con la idea consciente de un Código Penal único para todo el país identificamos los deseos Centralistas y anti-Federalistas de EPN.

 

 

Enrique Puente Gallangos es Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Constitucional, Maestro en Psicoanálisis, Especialista en Psicoanálisis para Niños y Adolecentes y Master en Psicoanálisis y Prácticas Socio-educativas en FLACSO Virtual Argentina. Estudia el Doctorado en Derecho en CIJUREP, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es además catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Regional del Sureste y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.


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Dumping mediático y elecciones, por Carlos Antonio Villa Guzmán

Exigir transparencia y equidad electoral en un país que carece de instituciones democráticas o son éstas débiles, equivale a pedir un hot dog en un barrio chino.
El dumping mediático que favoreció la candidatura de Peña Nieto es legal, más no legítimo. La democracia se fundamenta en legitimidad, que en este caso es sinónimo de equidad y transparencia.

¿Qué es el dumping mediático?

Tal como sucede en el mercado con las prácticas desleales (condenables pero no prohibidas) del comercio internacional, de donde procede la palabra dumping, igualmente se utiliza el término en las justas deportivas donde ciertas prácticas son consideradas como ilegales para la normatividad que rige tales actividades. En la competición política también se incurre en conductas o actividades que pudieran ser calificadas como ventajosas y por tanto ilegales, mas no se encuentra reglamentado su ámbito, desafortunadamente.

Si el dumping para un atleta equivale a dotar el cuerpo de sustancias que le dan más capacidad física o resistencia durante la competencia y con ello estar en ventaja sobre sus oponentes, en el caso de una contienda política el dumping consiste en contar con el mayor tempo de exposición favorable en los medios de comunicación, esto es, haber aparecido como cliente frecuente en programas o spots, asimismo promocionar mediáticamente actos de gobierno, eventos privados o cualquier actividad que logre construir imaginarios colectivos en gran escala. Esto es el dumping mediático y su medición se basa, entre otras técnicas, en las encuestas que se realizan en forma paralela a los procesos políticos, independientemente de que éstas ya también sirven al dumping.

Cuando un juez detecta dumping, inmediatamente el competidor queda incapacitado a participar en la prueba. En el caso del juez electoral y los árbitros que regularon parcialmente la elección que se llevó a cabo el 1° de julio en México, no hubo manera de sancionar lo que sectores de la sociedad y algunos medios de comunicación sí detectaron: que se estaba cometiendo dumping. La promoción de la imagen del candidato del PRI, se adelantó cerca de seis años. El posicionamiento o branding, estuvo logrado con antelación a otros candidatos, salvo el caso de López Obrador quien a su manera mantuvo la proyección de su imagen pública por medios no convencionales. La candidata del PAN entró tarde a la contienda y además lo hizo con una estrategia de comunicación y personalidad muy por debajo de los niveles de una campaña presidencial.

Cuando se comprueba que un medallista obtuvo la presea por medio del dumping, ésta le es retirada en medio de escándalos que se publicitan como si fuese un crimen. En cambio, en el caso del dumping que impulsó a Peña Nieto, las autoridades reguladoras y calificadoras de las elecciones, no tan sólo no eliminaron de la prueba antes de competir en las urnas a este competidor dopado, sino que después de obtenido el triunfo se lo reconocen de forma unánime, sin ninguna cortapisa. Los medios patrocinadores esperadamente opacaron todo.

En el colmo del desbarajustado desequilibrio electoral, a quienes protestan desde la tribuna y a través de diversos frentes por la evidencia del dumping al que se sumaron otras trampas, en este caso el intento de la compra masiva de votos en niveles superlativos y ultramillonarios, se les señala como incapaces de dar una prueba.

Sin embargo esto sucede porque la ley se queda corta, es fácilmente desbordada por quienes aplicaron el dumping sin ningún impedimento o escrúpulo. Por esta ocasión no van a retirar la medalla los jueces porque no está estipulado en sus reglamentos que se prohíba el dumping.

Quizá para las próximas elecciones se dé con los mecanismos que impidan estas prácticas desequilibrantes que ponen seriamente en entredicho la democracia.

Por ahora el daño ya está hecho sin posibilidad de retroceso, por lo que quienes conforman la opinión pública en contra del desenlace, tendrán que acatar finalmente el resultado, ya que esta gran falta cometida de alguna forma es conjunta entre los distintos actores que participaron en la elección. Es un vacío legal el que impide (a pesar de la Reforma de 2007-2008 que reglamentó equitativamente los pautados de los tiempos en los medios de comunicación) que la exposición de una candidatura reciba un trato preferencial mediático soportado en los formatos que tienen los medios, especialmente la televisión. En el caso de este candidato electo el dumping fue más intenso aún, dado la especie de libreto donde tiene una presencia destacada la esposa y actriz que lo acompaña y hasta el propio accionista mayor del monopolio televisivo que se ha retratado en varias ocasiones con el elegido.

Carlos Antonio Villa Guzmán es Maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO, es profesor-investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Actualmente estudia el doctorado en Política y Gobierno, en la Universidad Católica de Córdoba y Administración Pública, por la Universidad Complutense de Madrid. Blog Voces Libres: http://carlosvillaguzman.blogspot.com


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El ciudadano democrático, por Carlos Antonio Villa Guzmán

La democracia es producto de ciudadanos como respuesta a las tiranías soberanas o totalitarismos impuestos desde las cimas del poder. Se construye y funciona en esencia a base de mayorías y de otros factores que la conforman como un sistema de régimen político. Entre ellos podemos considerar los procedimientos necesarios para la rotación del poder mediante la participación de quienes acuden a elegir o ser elegidos, al igual que otras condiciones que hacen de este ejercicio pacífico la única posibilidad de convivencia entre quienes conforman las naciones como individuos que ejercen libremente todos sus derechos. En el ámbito internacional, la democracia sigue operando en un campo que obedece reglas basadas en la búsqueda del consenso mayoritario para efectuar los múltiples tratados de impacto global.

La democracia hace propicio el pacto social entre los distintos actores que ven por sus intereses de cualquier índole, para lo cual existe el marco constitucional que los ampara, respalda, regula, condiciona e incluso les inhibe o coarta libertades cuando llegan a ser contrarios al interés del consenso.

A diferencia de las naciones donde tuvo origen y se fraguó la democracia con el fortalecimiento de la esfera pública, conformada sobre todo por la burguesía floreciente que antecedió a la clase media, en los Estados colonizados donde llegó a ser implantada mucho después de que consiguieron sus independencias, surgen distintos inconvenientes que no ha sido posible superar. Por principio en estas naciones, como México, las masas fueron enseñadas más a venerar y respetar a los amos y superiores, que a modificar o intentar cambiar el orden social. De ahí que los caciquismos hayan proliferado históricamente en todos los sectores, desde el campesinado al obrerismo y hasta la gran burocracia junto con las estructuras partidistas. Toda la armazón del régimen, desde la presidencia de la República hasta las fractales que se replican por el país señalan ese patrón en el que el diseño de la imposición del poder y la fuerza para perpetuarlo, invariablemente han emanado de las cúpulas, en lugar de hacerlo desde las bases que simplemente obedecen y sirven.

Además el tapiz sociocultural mexicano hace que persistan costumbrismos ancestrales e igualmente una población que rebaza en número a otros sectores, la cual se haya muy distante de representar realmente una ciudadanía.

Se trata de la gran masa cuyo rezago cultural, específicamente en materia política, le vuelve dúctil a las voluntades de la élite. En esta franja poblacional, como lo acabamos de ver, se decide el mapa político que relevará al actual, como ha sucedido a partir de 1990, cuando se crean organismos ciudadanizados o no partidistas que se involucraron en los procesos electorales. Sin embargo éstos no alcanzaron a tener los niveles de autonomía necesarios con respecto de los partidos u otros poderes, incluso de facto, por lo que los procesos electorales de 2006 y 2012 manifestaron múltiples irregularidades que dieron origen a varios litigios que no han concluido. En esta ocasión las faltas comienzan a ocurrir aún antes del comienzo de las campañas, cuando la expectativa mediática construyó la candidatura de Peña Nieto respaldada por grupos de empresarios cuya apuesta les redituará ampliamente para incrementar sus emporios.

El gran problema de México es la corrupción.

De ahí parte todo lo demás, inclusive la posibilidad de acrecentar la cultura ciudadana, cooptada por dichos poderes fácticos, en especial los medios de comunicación cuyo poder doblega al Estado quedando a merced de los corporativos locales y lobbies internacionales que aprovechan la coyuntura política al máximo, dejando aproximadamente la mitad de la población con una marginalidad de vida entre las peores en América Latina. Este sentimiento  lo manifiestan las protestas populares que se alzaron contra la imposición del candidato del PRI: “Televisa te idiotiza”.

Con este escenario que además de crear incertidumbre y desconfianza tiende a ser turbulento, no existirá democracia México, comenzando con el obstáculo mayúsculo que imponen los medios de comunicación que forman un bloque; en especial la televisora y algunos diarios, que por años se han dedicado a construir imaginarios a favor de que no cambien las cosas. Recrean el país ideal, cuya divisa es el consumismo mediático y por ende la racionalidad de las multitudes acondicionada a la que exhibe este poder fáctico.

Por estos motivos, principalmente, será casi imposible que un partido de izquierda llegue al poder y logre transformaciones. Y eso es precisamente una de las características de la democracia; la participación equitativa de todas las fuerzas sociales en los procesos políticos.

El derecho cancelado de antemano para que gobierne López Obrador, nos semeja a las peores dictaduras padecidas en este continente y otras partes del mundo, donde el pueblo es visto como la correa de transmisión de los intereses concentrados en la élite.

Con su ignorancia y vida carenciada, la gente legitima esta clase de poderes que se pueden perpetuar ad infinitum, teniendo para ello los recursos en una cuantía difícil de calcular, tomando en consideración la hibridación del capital ilícito con el resto del capital.

México entra en una etapa que supera en dificultad a las anteriores crisis recientes que se dieron a partir de la manipulación de los procesos electorales, con la venia de las autoridades elegidas supuestamente para vigilar escrupulosamente la limpieza y autenticidad de dichos procesos, de lo cual se abstuvieron en tanto cobraron puntualmente “sus servicios”.

La confianza en las instituciones en México se convierte así en letra muerta, como sucede con esta clase de reglamentación electoral que se presta más para la simulación, que para un proceso cuya legalidad no deje lugar a ninguna clase de dudas.

Los delitos electorales como los cometidos en 2006 y 2012, debieran ser castigados como delitos federales que no otorguen el derecho de fianza a quienes cometen tales latrocinios. Una muestra de justicia y equidad en esta vorágine política sería un buen ejemplo de que la Constitución tiene vigencia. Lo otro es incitar a la desobediencia civil, al desenfreno de las masas justamente indignadas, situaciones que nos recuerdan las ideas de Ortega y Gasset, quien describió excelsamente en su obra el fenómeno de las rebeliones.

 

 Carlos Antonio Villa Guzmán es Maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO, es profesor-investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Actualmente estudia el doctorado en Política y Gobierno, en la Universidad Católica de Córdoba y Administración Pública, por la Universidad Complutense de Madrid. Blog Voces Libres: http://carlosvillaguzman.blogspot.com


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Nada tiene consecuencias: Notas de una observadora electoral, por Dorismilda Flores Márquez

“Nos utilizaron para legitimar una elección que hace años estaba ganada”, me dijo un joven funcionario de casilla, unos días después de la elección. Durante la jornada electoral fue él quien hizo las bromas que alegraron el día a sus compañeros, pero el día que lo encontré en la calle se veía serio, llevaba la decepción en el rostro. Me contó que no le sorprende que haya ganado Peña Nieto, sin embargo le indigna que tantas denuncias de irregularidades, en el mejor de los casos, deriven en una gran multa. Considera que estas trabas en la legislación son una burla al trabajo de los ciudadanos.

En mi caso, fui observadora electoral ciudadana, acreditada por el Instituto Federal Electoral. Tanto el día de la jornada electoral, como en los días de los cómputos distritales en Aguascalientes —en algunos de los cuales, por cierto, se recontaron todos los votos—, vi ciudadanos, funcionarios de casilla, representantes de partido, trabajadores del IFE, que hicieron su trabajo lo mejor que pudieron. En las casillas que recorrí, hubo errores, por supuesto, como funcionarios de casilla que confundieron las boletas sobrantes con los votos nulos, que olvidaron colocar la hoja rosa del PREP por fuera del paquete, o que registraron mal algún dato; ser funcionario no es algo que hagan cotidianamente y no son expertos en las labores que ese día tuvieron que desempeñar, además de que suelen lidiar con la presión de los votantes que esperan a que la casilla se termine de instalar y con el cansancio de permanecer ahí durante al menos 12 horas. Sin embargo, se trató de errores que pudieron ser corregidos en los cómputos distritales. Puedo decir que hubo limpieza, al menos en esa parte del proceso.

En los cómputos distritales, observé también que los trabajadores del IFE y los representantes de partidos, así como los consejeros distritales, estaban muy atentos al recuento de los votos y a la discusión sobre los votos que se enviaban a reserva, por haber generado dudas sobre su clasificación. Para los consejeros, se trató de jornadas extenuantes, de alrededor de 80 horas continuas en las que apenas tenían unos ratos para dormir y regresar a las labores del cómputo. Hubo complicaciones, en algún distrito tuvieron que esperar ocho horas, para que el sistema validara un resultado; lo cual retrasó la entrega de la constancia de mayoría a quien resultó ganadora como diputada. Incluso, en una sesión del consejo local, un consejero afirmó que la “innovación” de la plataforma del IFE fue un fracaso.

Releo una y otra vez las notas que tomé, durante la observación. Sigo pensando que el trabajo ciudadano fue ejemplar, en lo que vi. Sin embargo, como el joven funcionario de casilla que habló conmigo en la calle y como muchos mexicanos, creo que las irregularidades estuvieron en otro lado, en la inequidad que se observó durante el tiempo anterior a la elección, en una cobertura mediática parcial, en la descarada violación de las reglas y las increíbles limitaciones de las mismas. Qué más da comprar o coaccionar el voto, exceder los topes de campaña, vincularse con gente de dudosa reputación, si todo puede resolverse con una multa que habrá de pagarse cuando ya se haya tomado posesión.

Más allá de la persona que ostentará el cargo de presidente y de los partidos que lo respaldaron, el asunto no es quién ganó, sino cómo. Si en este país nada tiene consecuencias, tal vez nada tenga remedio. Pero si en este país somos capaces de cuestionar las incongruencias de nuestro sistema electoral, de proponer alternativas y de buscar los cauces, otros escenarios serán posibles… tal vez no escenarios perfectos y transparentes, pero al menos escenarios con una legitimidad mayor que la de 2012 y la de 2006.

 Dorismilda Flores Márquez es Licenciada en Comunicación Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y estudiante del Doctorado en Estudios Científico-Sociales en la misma institución. Solía editar El Cafecito, casi siempre de madrugada.


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La cuota de género en las elecciones en México, por Lot Gamboa Soto

En México este año se realizará  el Proceso Electoral Federal 2011-2012, será el domingo 1° de julio, ese día se elegirá Presidente de la República, 128 Senadores  y 500 Diputados Federales.

El 17 de octubre de 1953 se promulgó la reforma constitucional que otorgó el voto a las mujeres  mexicanas en el ámbito federal, pero no sólo se obtuvo poder votar sino también, el derecho a representar un cargo de elección popular, condición que se les exige a los partidos políticos de considerar cumplan con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en su artículo 219  que dice “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad”(COFIPE).

El registro de candidatos concluyó el 22 de marzo; en donde se observó por el Instituto Federal Electoral (IFE) que de los 7 diferentes partidos políticos existentes  sólo 2 de ellos cumplieron con este mandato en cuanto a inclusión de género;  los partidos que no alcanzaron a cumplir con la paridad son: PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano y del Trabajo; además que en coaliciones los partidos que conforman Compromiso por México (PRI-PVEM) y Movimiento Progresista, excepto el PRD, tampoco cumplieron con lo establecido por ley.

El IFE llevó a cabo el 30 de marzo una sesión urgente en la que formalizó la solicitud del plazo de 48 horas para que los partidos políticos cumplieran con la cuota informando que se amonestaría públicamente a los partidos y les dará 24 horas más, y de no cumplir en ese plazo perderían el registro y el Instituto sorteará a los candidatos hasta alcanzar la cuota.

A la par de la exigencia legal para el registro de candidaturas también re-apareció el fenómeno de las llamadas “Juanitas”; es decir, aquellas candidatas inscritas por sus partidos políticos para cubrir el requisito de porcentaje de género, pero que al comenzar la legislatura piden licencia para dejar en su lugar a suplentes varones; o lo que también llaman “elusión jurídica”.

El año pasado en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contra las llamadas diputadas y senadoras Juanitas, que tan pronto como asumen el cargo, solicitan licencia para dejar su curul y cederlo a esposos, hermanos o “padrinos políticos” registrados como sus respectivos suplentes. Avalada con 285 votos a favor y tres abstenciones, la enmienda a la legislación electoral impone por ello a los partidos la obligación de integrar cada una de las fórmulas de aspirantes a la Cámara de Diputados y al Senado con candidatos propietarios y suplentes de un mismo género.

Las cuotas de género se cumplieron, pero esta situación ocasionó que muchos candidatos elegidos democráticamente fueran sustituidos por mujeres, muchas de ellas esposas  o hermanas de militantes de los diferentes partidos políticos, o miembros femeninos del partido que no habían sido elegidas como candidatas por la mayoría de integrantes de su partido.

Al menos una docena de candidatos panistas presentaron juicios de protección de derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ellos alegan que ganaron sus nominaciones por la vía que estableció su partido, de manera que no procede que les quiten sus candidaturas.

Según la agencia de noticias Vanguardia, se dieron algunos casos muy comentados como del priista Esteban Valenzuela García, ex  alcalde de Ahome, Sinaloa, quien cedió su candidatura a diputado federal por el segundo distrito a su esposa, María Victoria Vega de Valenzuela; otro caso el de Raúl Orihuela González como candidato propietario por la segunda fórmula de Querétaro al Senado le permitió a la panista María Marcela Torres Peimbert, esposa del ex gobernador Francisco Garrido, convertirse en candidata por mayoría relativa; y como estos ejemplos se dieron similares en todo el país y  en diferentes partidos.

El PAN fue el primero en entregar sus listas de candidaturas a diputados y senadores modificadas para cumplir con el mínimo de 120 lugares para mujeres en diputados y 26 en senadores. El PRI y los partidos de izquierda entregaron sus listas al IFE, Sebastián Lerdo de Tejada representante del PRI, mencionó que su partido realizó 54 cambios, mientras que Camerino Márquez, comentó que el PRD sólo hizo 28. Mientras que la coalición Comprometidos por México, integrada por el PRI y el PVEM, sustituyó un total de 54 candidatos hombres por mujeres, informó el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.

Sin embargo, para el caso de los candidatos a la Cámara de Diputados, el PRI excedió el número de varones y fue necesario sustituir a 22 por mujeres, a quienes se le suman otros 28 que debieron sustituirse como producto de la coalición con el Verde, lo cual hizo un total de 22 candidatos varones de origen priista y 32 del Verde sustituidos por el mismo número de mujeres.
El trasfondo ético

El artículo 4 del Código Federal Electoral dice “Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.”

Como se observa en este artículo del COFIPE busca que el referente ético de la política sea la persona, se busca que el derecho humano de la igualdad de género forme parte de los procesos electorales, se aplica una ética de mínimos con carácter universal garantizando la equidad y la justicia en cuanto a la igualdad de oportunidades, aquí este derecho fundamental es recogido por la ley con la finalidad que se garantice su cumplimiento.

Mediante la cuota de género se busca la igualdad de oportunidades, donde los partidos políticos y la Cámara de Diputados a través del COFIPE ejercen el principio subsidiario  de no permitir la discriminación, buscando una Ética de las Administraciones Públicas.

En la inclusión de las mujeres en número equivalente a los hombres como candidatas es el resultado de la responsabilidad moral que le da fuerza a la vida pública a través de sus actores, como lo es El Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, los diferentes candidatos y líderes de los partidos políticos y las autoridades electorales, ya que buscan cumplir este requisito con el fin de que haya equidad de género. Sin embargo esta responsabilidad moral de algunos actores políticos se cuestiona con la inclusión de las “juanitas” que convierte a esto en un acto legal, pero con un trasfondo que es inoportuno políticamente y donde muere la verdadera intencionalidad ética, donde el derecho busca que los contenidos morales sean respetados.

Respecto a la opinión pública, la mayoría de los medios masivos aplauden el hecho de que los partidos busquen completar la “cuota de género” sin asumir la responsabilidad de que se está promoviendo la inclusión de personas como candidatas que no fueron elegidas mediante un proceso democrático, llevando a lo que Manuel Volloria define como “ética de la ocasión” ya que está siendo manipulada por los medios y partidos políticos para mostrar una cara de ser éticamente responsables.

Lo que buscan los partidos políticos con el apego a la legalidad en cuanto a la cuota de género es la legitimación del poder, ya que el poder político es necesario para garantizar la convivencia, pero puede convertirse en instrumento al servicio de quien lo ejerce y, por consiguiente, surge la corrupción. “El poder no es el fin último de la política, pero sí su fin instrumental.” (Pérez Duarte)

Los candidatas femeninas que sustituyen a sus homólogos varones en su mayoría no proviene su candidatura de un proceso democrático por lo que no se está dando una democracia participativa; Ildefonso Camacho indica que “el Estado democrático de Derecho significa un paso más la participación de todos en la asignación del poder mediante el sufragio, y el paso al Estado social que supone garantizar una igualdad básica de oportunidades para todos”. Distingue 3 niveles para evaluar el grado de democracia y obtener una democracia participativa, iniciando con lo más formal como el modo de elección de los representantes  hasta establecer condiciones reales de participación mediante el desarrollo de una cultura política; cuyos rasgos se caracterizarían por la tolerancia, el diálogo, la capacidad de negociación y el respeto de las reglas del juego de la democracia.

Lo que debe llevar a la búsqueda de equidad de los candidatos es buscar y ejercer la democracia y que los partidos políticos busquen el bien común más allá del beneficio individual que se obtiene con un puesto de elección popular. Cuando existen prácticas que los partidos llaman de “elusión jurídica” lo que afectan es la calidad democrática y del verdadero sentido de igualdad de oportunidades.

La democracia debe radicar en la verdad, y como se mostró muchas de las candidaturas fueron suplidas por avatares donde son enemigos de la sociedad ya que hacen de lo social su ambición personal y destruyen su imagen política y la convivencia de la sociedad; cometen un mal mayor que es la violación del proceso democrático y debilitan las condiciones del discurso ético para juzgar la moral de las decisiones democráticas.

La práctica de elusión jurídica no promueve el bien  público, el bienestar general, ni el sistema de derechos, tampoco elimina la injusticia deontológica y la paradoja de las manos sucias subsiste. No se cumple el principio de generalidad. Las candidatas “puestas” minan la legitimidad de sus funciones de garantía y con ello el fundamento de su independencia. Mediante esta práctica todos somos afectados.

 

Conclusiones

No está en duda sobre el importante paso que se da al legislar sobre la cuota de géneros en cuanto a la participación política, ya que es el mecanismo que puede no sólo promover sino obligar a que haya una participación equitativa en puestos de elección popular en los distintos partidos políticos.  Es notorio que esto ha logrado que los partidos políticos se cuestionen sobre si realmente le dan importancia a la mujer como militante política y además que busquen abrir espacios (aunque sea obligados por la ley) para que la mujer tenga representatividad.

Al ver que sólo dos de siete partidos en México cumplen con la cuota de género, hace suponer que o la mujer no participa en la política o no es tomada en cuenta; y cualquiera de las dos circunstancias debe de importar ya que ambas son el reflejo de actos discriminatorios y faltos de equidad.

Para que una mujer le quite su espacio en una curul  a un hombre tuvieron que pasar casi 60 años, esto hace una revolución en cuanto a las relaciones de poder y gobierno que se tienen en países como México, donde por ejemplo el presidente de la República Vicente Fox en el 2006  afirmó que “el 75 por ciento de las familias mexicanas ya disponía de lavadoras, y no de dos patas, ni de dos piernas, sino lavadoras metálicas”.

Se logrando la legitimidad como objetivo de la equidad de género, se han modificado las leyes que forman ya un precedente para actuar en situaciones similares futuras y crea un Estado de Derecho.

La sociedad es observadora de los cambios y al ver que la exigencia de las instituciones de la participación de la mujer en los partidos políticos hace que reaccione sobre las razones de este mandato.

Pese a todas estas bondades, no se puede omitir las limitaciones que se tienen todavía, como la poca o nula participación de la mujer en las cámaras, se tiene garantizando una equidad en número no en calidad de la participación; también no está normado sobre qué se va a hacer en los casos de las mujeres que prestan su nombre a un hombre (Juanitas), se tiene que generar normatividad que apoye un ejercicio democrático que sea representativo.

Los actores deben promover un proceso transparente que sea público y autónomo según los principios generales de la democracia; mismo que brinde una solución que respete los valores fundamentales compartidos por todos, tanto a los legisladores como a la ciudadanía. Se deben respetar las reglas del juego de la democracia, que rehúyen al autoritarismo y la coacción. Las mujeres no deben aceptar convertirse en “Juanitas”, ellas deben buscar la justicia sin buscar la publicidad de su partido o el bien individual de la persona que las manipula.

                          Lot Gamboa, es de Acaponeta Nayarit. Es profesora normalista, licenciada en Ciencias Sociales por la Normal Superior de Nayarit, y master en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura del ITESM. Actualmente estudia la Maestría en Ética para la Construcción Social de la Universidad de Deusto España. Imparte clases en preparatoria, profesional y maestría, así como diplomados y cursos de actualización profesional y empresarial en el ITESM.


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La batalla próxima será entre las huestes del PRI y AMLO, por Carlos Antonio Villa Guzmán

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Con el PAN prácticamente fuera de la competencia por la presidencia en 2012, a menos que FC deje de insistir en controlar el partido y alcancen a componer algún escenario que pudiera recobrar confianza, aunque se vea esto prácticamente imposible en el breve tiempo que les queda, la lucha más significativa en la que se van a enfrascar los contingentes políticos a medida en que se den los tiempos, será entre Andrés Manuel López Obrador y su futuro retador: el PRI.

Si Televisa impone a su cachorro de telenovela, será pan comido para las huestes del tabasqueño llegar por fin a los Pinos. ¿Caerá el tricolor en el error de dejarse llevar por el canto de las sirenas mediáticas? Sería una oportunidad invaluable para quienes estarán con AMLO, sea cual fuere el partido o filiación política donde pertenezcan en dos años más.

La crisis, que ya algunos analistas comparan con la gran depresión de 1920, se encargará de desmoronar lo que queda de confianza en las propuestas neoliberales. ¿Con qué le van a salir a la gente para allegársela? ¿Cuál empleo? ¿Qué bienestar? Los ofrecimientos para desactivar la bomba, si es que no nos estalla antes, estarán orientados hacia causas populares. “Por el bien de todos primero los pobres”, era el eslogan que se hizo tan famoso y no menos cierto en significado.

El PRI, que durante veinte años practicó la recalcitrante política del neoliberalismo económico, con un elevado desprecio por las causas populares, no tendrá más salida que mimetizarse en un partido de izquierda moderada social y democrática.

Ya veo a Beatriz Paredes con su elocuencia a modo de epifanía, para encender los ánimos del pueblo oprimido que no ha tenido un buen guía, como aparentaba serlo quien finalmente se quedó con un puñado de seguidores. Eso dirá tan sólo al comprobar la mínima resurrección del peje.

El PRI tratará de demostrar que es más de izquierda que todas las izquierdas que pululan dispersas con y sin partidos. Hablará de todo lo que ha hablado y casi nunca cumplió: justicia social, seguridad, bienestar, apoyo al campo, a la clase trabajadora. Todo lo popular se pondrá de moda, pero, a nivel discursivo solamente, porque del dicho al hecho hay un gasto corriente que se lleva el presupuesto.

Los próximos tres años en la cámara, el tricolor los dedicará a sembrar literalmente en el campo fértil de los pobres que es la mayor parcela del país. Habrá ilusionismo y prestidigitación a nivel congresista con tal de fomentar la empatía necesaria para recuperar el poder ejecutivo.

Mientras tanto, Andrés Manuel continuará con la misma estrategia que lo mantiene un día sí y otro también, apareciendo en los medios con sus señalamientos verbales, que no se apartan de la realidad y causan estragos en las filas adversarias.

No era necesaria clarividencia alguna para pronosticar el derrumbe del calderonato, el espuriato, como le llamaba a esta negra etapa el desaparecido amigo José Zamarripa. El presidente “haiga sido como haiga sido”, enfrascado en una guerra externa contra poderes fácticos invisibles y otra interna entre correligionarios partidistas, acabará seguramente en una ínsula política cada día más extinguida o aventará la toalla.

Lo más probable es que el reagrupamiento que marca distancia del pan calderónico, incluido el clero, busque pactar con el creciente poder priísta, con el mismo objetivo que lo hicieran en su momento los del PRI cuando el PAN se mostraba como la fuerza capaz de ganar las elecciones federales y se aprestaba a gobernar. Todo con tal de evitar la llegada de un político auténtico, que efectivamente pusiera en orden y legalidad al país, aunque tuviera que llevar a unos cuantos a la cárcel, entre ellos al jefe del clan Salinas, uno de los artífices mayores del desastre cuya urdimbre comienza desde que fuera titular de la SPP, en el estigmático sexenio de Miguel de la Madrid.

¿Podrán las fuerzas de los privilegiados capitalistas nacionales y trasnacionales, sumadas con los políticos de derecha coaligados, al margen de sus colores partidistas, como lo hicieron en 2006, detener una vez más la intensión de López Obrador y sus seguidores de gobernar el país?

Si esto sucediera de nuevo, lo que sigue sí será una hecatombe social.

Carlos Antonio Villa Guzmán es Maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO, es profesor-investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara.