El Cafecito


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El beso oaxaqueño. Una historia de amor y de derechos humanos, por Enrique Puente Gallangos

beso

La experiencia de los derechos humanos es aún una experiencia universal e intrínsecamente jurídica. Pero eso no quiere decir que dicha experiencia solo sea universalmente jurídica. La experiencia de los derechos humanos implica tres estrategias: la investigación, el activismo social y el litigio jurídico.

La investigación, monitoreo y elaboración de informes del actuar de los órganos constituidos Internacionales, Federales, Estatales, Municipales y todo aquel que tenga el carácter de autoridad y sobre todo no siendo autoridad tenga el Poder. En la experiencia de los derechos humanos son las autoridades y quienes tienen el Poder, los que están obligados a cumplir la ley y a someterse a su coacción. ¿Por qué las autoridades y los sujetos con Poder? Porque son ellos, los que tienen Poder y su exceso en el ejercicio de ese Poder de acción, de omisión, los que vulneran el espacio de los derechos humanos.

El activismo social es parte de esta experiencia de los derechos humanos. Educación a la comunidad, la practica en el tribunal de la opinión pública, calles, escuelas, oficinas de gobierno, prensa, radio, etc. Una sociedad que no esté educada y bien informada en la materia de los derechos humanos, es muy probable que en estos momentos se le estén violando esos derechos sin saberlo.

Como parte de una estrategia integral, investigación, activismo en la materia de los derechos humanos, se encuentra la estrategia jurídica ante los tribunales. Tribunales Federales e Internacionales sobre todo. Pero una estrategia jurídica que sea pertinente, implica un litigio jurídico en los Congresos que hacen las leyes, en los Órganos administrativos del Poder Ejecutivo que aplican estas leyes y emiten actos fundados en ellas, y para complementar un litigio en el lugar donde los jueces interpretan y aplican estas leyes. No es sencillo delimitar el campo de acción de las autoridades y de los sujetos que tienen el poder, como es bien conocido por los juristas el campo del derecho tiene sus zonas de indeterminación, sus lagunas, sus contradicciones, etc. Estas zonas de excepción y poco conocidas por la sociedad, son usadas indiscriminadamente para ejercer el Poder y en consecuencia violar los derechos humanos.

Esta experiencia de los derechos humanos tiene muchas historias por todo el mundo, a través de generaciones y generaciones. Estas historias como algunas historias, son historias de amor. En Oaxaca se vivió una historia de amor, una historia de amor sin derechos, una historia de discriminación de amor. Un artículo 143 del Código Civil de Oaxaca que limitaba solo a parejas heterosexuales construir su historia de amor. Tres parejas del mismo sexo y su abogado Alex Alí decidieron escribir una historia de amor y de derechos humanos “El beso oaxaqueño”.

El beso oaxaqueño, es una historia que se dividió en tres capítulos: La investigación, el activismo social y el litigio jurídico. Alex Alí supo comprender el deseo de estas tres parejas, supo buscar el camino correcto dentro del laberinto que presentan las leyes de este país. Una historia que se llevó casi dos años para llegar a su culminación. El reconocimiento de los matrimonios monoparentales en Oaxaca.

“El beso oaxaqueño” es el parte aguas del estudio estratégico de los derechos humanos, es una historia que será contada en los libros de texto en las Facultades de Derecho y que ya se cuenta. “El beso oaxaqueño” es un punto de inicio que ha permitido a otras parejas poder besarse. “El beso oaxaqueño” no solo permitirá besarse a parejas del mismo sexo, o a parejas heterosexuales. “El beso oaxaqueño” es el inicio de una lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, los regionales, los universales y los globales. La lucha por el reconociendo de los derechos humanos aún está en el preámbulo de su construcción.

 

 

Enrique Puente Gallangos es Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Constitucional, Maestro en Psicoanálisis, Especialista en Psicoanálisis para Niños y Adolecentes y Master en Psicoanálisis y Prácticas Socio-educativas en FLACSO Virtual Argentina. Estudia el Doctorado en Derecho en CIJUREP, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es además catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Regional del Sureste y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

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Aparecer lo desaparecido: guerra sucia, ausencias y memoria, por Dorismilda Flores Márquez

Quizá ese día
encontré algo que había perdido antes.
Quizá perdí algo que encontré después.
[…]

Agito mi memoria,
tal vez algo en sus ramas,
adormecido por años,
salga de pronto volando.
No.
Evidentemente exijo demasiado:
tanto como un segundo.

Wislawa Szymborska

A mí me han hecho los hombres que andan bajo el cielo del mundo

buscan el brillo de la madrugada

cuidan la vida como un fuego.

Me han enseñado a defender la luz que canta conmovida

me han traído una esperanza que no basta soñar

y por esa esperanza conozco a mis hermanos.

Entonces río contemplando mi apellido, mi rostro en el espejo

y yo sé que no me pertenecen

en ellos ustedes agitan un pañuelo

alargan una mano por la que no estoy solo.

Juan Gelman

Luz pasó muchos años de su vida sin saber que Aleida era su nombre y que sus padres biológicos fueron Roberto Gallangos y Carmen Vargas. Eso lo supo a los 28, cuando la revista Día Siete publicó un reportaje sobre la desaparición de Roberto Antonio Gallangos Cruz, Carmen Vargas Pérez, Francisco Avelino Gallangos Cruz y los niños Aleida y Lucio Antonio Gallangos Vargas, ocurrida en 1975, en el contexto de la Guerra Sucia en México. Quizá ninguna serie de palabras describa cómo se transformó su vida, cómo tuvo que reconstruirla a partir del reencuentro con su abuela y con la historia de los desaparecidos y cómo luchó hasta encontrar a su hermano que, como ella, había vivido casi 30 años una realidad ajena, con una familia distinta y un nombre distinto.

El rompecabezas de su vida comenzó a armarse entonces y, casi nueve años después, no está completo aún; de hecho, está inserto en el rompecabezas, todavía mayor, de las historias de la represión militar y política, encaminada a disolver los movimientos subversivos del México de finales de los 60 a finales de los 70.

Si bien la de Aleida es una historia que ha logrado ser relativamente visible y aparecer lo desaparecido —ya por el reportaje en Día Siete en 2001, ya por el documental Trazando Aleida, dirigido por Christiane Burkhard en 2008—, hay otras muchas historias cuyas partecitas del rompecabezas no han logrado reunirse. La guerra sucia no fue algo que se quedó en la década de 1970. El dolor de los que ahí perdieron padres, hijos, hermanos, parejas o amigos, vive entre nosotros. La indignación y la impotencia frente a los muchos recursos agotados y casos cerrados, es indescriptible. Las preguntas siguen abiertas y eso que algunos prefieren no contar, otros necesitan gritarlo, porque esas biografías son también la historia de todos.

Más allá de los casos particulares, revisar la memoria silenciada es también pensar quiénes somos como país. Quizá los responsables directos de la represión ya están muertos, pero es evidente que el Estado mexicano le debe una explicación a las familias de los desaparecidos, se las debe, entre otras cosas, por la sistemática violación a sus derechos más elementales; se las debe por la aparición en 2001 y la desaparición en 2006 de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado —¿será esto una metáfora? —; nos la debe a todos porque olvidar a los que alguna vez se opusieron es abrir la puerta a que otras voces, en otros momentos, sean calladas.

Ante la ausencia de respuestas en todos estos años, el 8 de marzo de este año Aleida Gallangos Vargas presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la desaparición forzada de sus padres, tíos y algunos amigos. A estas alturas, el daño es irreparable; pero la esperanza de la justicia, no basta soñarla.


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Expresión y difusión de las ideas como derechos fundamentales e irrenunciables, por Salvador de León Vázquez

En Aguascalientes vivimos tiempos difíciles para los derechos civiles y las libertades fundamentales relacionados con la expresión y la información. Tal parece que basta aludir a la denuncia fácil por parte de las autoridades de las instituciones diversas del estado en donde según ellos señalan que grupos opositores quieren arrebatar el poder (ven moros con tranchetes), con lo cual pretenden legitimar lo que es ilegítimo bajo cualquier circunstancia: la postura autoritaria que violenta nuestros derechos a disentir, a expresar nuestros desacuerdos en un clima de debate público y a difundir nuestras ideas y confrontar otras en los espacios disponibles para ello, como los medios de comunicación y otros canales de información importantes.

Nuestras autoridades parecen no entender que la discusión y el debate también es un mecanismo necesario para el desarrollo de la comunidad, y que el total acuerdo con sus ideologías más que avance es un retroceso en tanto que evidencia un clima de autoritarismo y de temor a expresarse libremente.

Las ideas bajo las cuales se han construido las democracias modernas, desde la propuesta del contrato social y la Carta de los Derechos del Hombre derivados de la Revolución Francesa y la Ilustración y el desarrollo de los derechos civiles, políticos y sociales con el proceso de construcción de ciudadanía en Inglaterra, otorgan un lugar especial al hecho de que los ciudadanos libres y responsables podamos discutir las cuestiones públicas y ser partícipes de las decisiones de lo público (sin que lo público se refiera exclusivamente al Estado, sino también a lo económico y a lo social).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos signada por los países integrantes de la ONU desde 1948, y antes que ese documento, nuestra propia Constitución de 1917, ponderan estos derechos y libertades como elementales e irrenunciables. De tal manera que cuando una autoridad de cualquier institución, sea del Estado, de la universidad pública, de la fuerza pública, empresarial, etcétera, obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos de expresión y difusión de las ideas está no sólo violentando derechos ética y moralmente importantes, sino también está incumpliendo el mandato constitucional.

En la defensa y la plena garantía de estos derechos, Aguascalientes se encuentra en un lugar muy atrasado. Por ejemplo, en el sexenio de Felipe González, se aprobaron penas para los llamados “delitos contra el honor”, que llegan hasta cinco años de cárcel, lo que pone a nuestro estado apenas por encima de Chiapas (en donde la pena llega hasta nueve años) y junto con Guerrero, como uno de los estados más intolerantes con respecto a la libertad de expresión. No por que sea bueno solapar a quienes difaman a los otros, sino porque sirve de recurso legaloide para que los personajes públicos presionen a periodistas y otros ciudadanos que colocan ideas críticas con respecto a ellos en el debate público local, permitiendo así a los políticos intimidar a sus opositores con el manejo de la ley.

En otras entidades en donde tienen un entendimiento más adecuado del Derecho, han colocado la regulación de la difamación y del libelo en el ordenamiento civil, no en el penal, en donde deben estar toda vez que el derecho a la expresión es un derecho civil. Con ello, quienes disienten del actuar de la autoridad, no enfrentan presiones tramposas cuando intentan colocar sus discursos en el espacio público.

Nuestras autoridades, por otro lado, lejos de mostrar madurez frente a la crítica y asumirla como un ejercicio responsable de cualquier ciudadano, se refugian en la victimización. En lugar de permitir y alentar el debate y la participación, pues de éstos podrían generarse ideas fructíferas para el desarrollo comunitario, se dicen víctimas de conspiraciones y alianzas secretas que buscan desbancarlos del lugar que en ese momento ocupan, acciones que consideran fuera de todo proceso de tipo democrático.

Cuando en realidad el mejor ejercicio democrático es la constante discusión de cómo se ejerce el poder, la denuncia de lo que está mal y el respeto que se debe otorgar a otros a pensar distinto de cómo lo hace la autoridad y a proponer alternativas de acción a las que ha gestionado la misma autoridad. No debemos ya dejarnos asustar con el “coco”, como antes, cuando gritaban “¡vienen los comunistas!”.

Aún cuando sea cierto el asunto de las conspiraciones y las alianzas, quienes las practican también están en pleno ejercicio de sus derechos democráticos, pues el derecho de asociación es otro que está reconocido por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

Incluso las estrategias y acciones por la búsqueda del poder son legítimas, puesto que la contienda política es una de las mejores expresiones de las democracias modernas, y todos los ciudadanos tenemos derecho a aspirar al ejercicio del poder y luchar por obtenerlo.

Nuestras autoridades deben madurar en este aspecto y nosotros, los ciudadanos, debemos exigirles que lo hagan.

Salvador de León Vázquez es Licenciado en Comunicación Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara; actualmente, cursa el Doctorado en Estudios Científico Sociales con especialidad en Comunicación, Cultura y Sociedad, en el ITESO.