El Cafecito


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Expresión y difusión de las ideas como derechos fundamentales e irrenunciables, por Salvador de León Vázquez

En Aguascalientes vivimos tiempos difíciles para los derechos civiles y las libertades fundamentales relacionados con la expresión y la información. Tal parece que basta aludir a la denuncia fácil por parte de las autoridades de las instituciones diversas del estado en donde según ellos señalan que grupos opositores quieren arrebatar el poder (ven moros con tranchetes), con lo cual pretenden legitimar lo que es ilegítimo bajo cualquier circunstancia: la postura autoritaria que violenta nuestros derechos a disentir, a expresar nuestros desacuerdos en un clima de debate público y a difundir nuestras ideas y confrontar otras en los espacios disponibles para ello, como los medios de comunicación y otros canales de información importantes.

Nuestras autoridades parecen no entender que la discusión y el debate también es un mecanismo necesario para el desarrollo de la comunidad, y que el total acuerdo con sus ideologías más que avance es un retroceso en tanto que evidencia un clima de autoritarismo y de temor a expresarse libremente.

Las ideas bajo las cuales se han construido las democracias modernas, desde la propuesta del contrato social y la Carta de los Derechos del Hombre derivados de la Revolución Francesa y la Ilustración y el desarrollo de los derechos civiles, políticos y sociales con el proceso de construcción de ciudadanía en Inglaterra, otorgan un lugar especial al hecho de que los ciudadanos libres y responsables podamos discutir las cuestiones públicas y ser partícipes de las decisiones de lo público (sin que lo público se refiera exclusivamente al Estado, sino también a lo económico y a lo social).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos signada por los países integrantes de la ONU desde 1948, y antes que ese documento, nuestra propia Constitución de 1917, ponderan estos derechos y libertades como elementales e irrenunciables. De tal manera que cuando una autoridad de cualquier institución, sea del Estado, de la universidad pública, de la fuerza pública, empresarial, etcétera, obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos de expresión y difusión de las ideas está no sólo violentando derechos ética y moralmente importantes, sino también está incumpliendo el mandato constitucional.

En la defensa y la plena garantía de estos derechos, Aguascalientes se encuentra en un lugar muy atrasado. Por ejemplo, en el sexenio de Felipe González, se aprobaron penas para los llamados “delitos contra el honor”, que llegan hasta cinco años de cárcel, lo que pone a nuestro estado apenas por encima de Chiapas (en donde la pena llega hasta nueve años) y junto con Guerrero, como uno de los estados más intolerantes con respecto a la libertad de expresión. No por que sea bueno solapar a quienes difaman a los otros, sino porque sirve de recurso legaloide para que los personajes públicos presionen a periodistas y otros ciudadanos que colocan ideas críticas con respecto a ellos en el debate público local, permitiendo así a los políticos intimidar a sus opositores con el manejo de la ley.

En otras entidades en donde tienen un entendimiento más adecuado del Derecho, han colocado la regulación de la difamación y del libelo en el ordenamiento civil, no en el penal, en donde deben estar toda vez que el derecho a la expresión es un derecho civil. Con ello, quienes disienten del actuar de la autoridad, no enfrentan presiones tramposas cuando intentan colocar sus discursos en el espacio público.

Nuestras autoridades, por otro lado, lejos de mostrar madurez frente a la crítica y asumirla como un ejercicio responsable de cualquier ciudadano, se refugian en la victimización. En lugar de permitir y alentar el debate y la participación, pues de éstos podrían generarse ideas fructíferas para el desarrollo comunitario, se dicen víctimas de conspiraciones y alianzas secretas que buscan desbancarlos del lugar que en ese momento ocupan, acciones que consideran fuera de todo proceso de tipo democrático.

Cuando en realidad el mejor ejercicio democrático es la constante discusión de cómo se ejerce el poder, la denuncia de lo que está mal y el respeto que se debe otorgar a otros a pensar distinto de cómo lo hace la autoridad y a proponer alternativas de acción a las que ha gestionado la misma autoridad. No debemos ya dejarnos asustar con el “coco”, como antes, cuando gritaban “¡vienen los comunistas!”.

Aún cuando sea cierto el asunto de las conspiraciones y las alianzas, quienes las practican también están en pleno ejercicio de sus derechos democráticos, pues el derecho de asociación es otro que está reconocido por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

Incluso las estrategias y acciones por la búsqueda del poder son legítimas, puesto que la contienda política es una de las mejores expresiones de las democracias modernas, y todos los ciudadanos tenemos derecho a aspirar al ejercicio del poder y luchar por obtenerlo.

Nuestras autoridades deben madurar en este aspecto y nosotros, los ciudadanos, debemos exigirles que lo hagan.

Salvador de León Vázquez es Licenciado en Comunicación Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara; actualmente, cursa el Doctorado en Estudios Científico Sociales con especialidad en Comunicación, Cultura y Sociedad, en el ITESO.

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