El Cafecito


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La izquierda polimorfa de Morales: algunas reflexiones sobre la izquierda en Latinoamérica, por Marco Iván Vargas Cuéllar

Cuando pensábamos en que las navidades serían tranquilas gracias a la inflación controlada y a la Pax Partidaria signada en México con el aval del IFE, fue en el mes de diciembre cuando Latinoamérica y el mundo se sacudieron ante la noticia del momento: Evo Morales, un líder de productores de hoja de coca del Chepare, gana con amplia mayoría la presidencia de Bolivia.

Entonces vino la lluvia mediática que castiga al receptor con el mensaje lleno de frivolidad; el líder indígena que agradece a Pachamama – la madre tierra – el generoso favor a su gente, el productor de la coca, el del sweater a rayas en su audiencia con el Rey Juan Carlos en la Zarzuela de Madrid, el de los jeans negros en su encuentro con el Presidente Jacques Chirac en L’Elysée de París y el de una chaqueta de cuero con el Presidente Hu Jintao en el Palacio del Pueblo de Pekín. El del muñeco – acaso una figura de acción – equipado con el sweater y algún fetiche que haga alusión a sus orígenes Ayamara y Quechua. La distracción ante la falta de mensaje.

Y cuando el primer mensaje llegó, se alimentó aún más al escándalo en torno al entonces presidente electo del país más pobre de Latinoamérica: la retórica nacionalista y radical, consistente en el desafío a la política norteamericana, así como en la nacionalización de la industria del gas y el petróleo. Elementos indispensables para disparar a niveles insospechados el índice de riesgo país, referente necesario para la inversión extranjera.

No obstante al realizar su gira previa internacional el discurso fue otro – justo ahora me recuerda a alguna película que ya hemos visto –, las empresas multinacionales extranjeras son “socias” necesarias para el desarrollo del país. Morales comprendió que la integración a la economía internacional consiste en la demostración de señales. Las respuestas no se hicieron esperar: aplausos, adulaciones y escepticismo.

En México la interpretación fue simplista, Latinoamérica ha girado hacia la izquierda. Con ello se ennumera la lista de reivindicaciones de la izquierda en el área: El triunfo de Evo Morales en Bolivia y de Michelle Bachelet en Chile, el protagonismo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Fidel Castro y las diez administraciones que han tratado de hacerlo a un lado, la presencia de gobiernos como el de Lula Da Silva (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Nestor Kirchner (Argentina), el peso creciente de las corrientes indigenistas en Perú, Ecuador y Guatemala, las expectativas en torno a un probable triunfo del sandinista Daniel Ortega en Nicaragua, del General Ollanta Humala en Perú y desde luego de López Obrador en México.

Esta interpretación presenta otro problema deformador que supera al simplismo: no se contribuye a comprender las causas de la existencia de diversas corrientes políticas que propician tales fenómenos, ni se proyectan escenarios viables. Al respecto se debe señalar que la realidad latinoamericana es diversa, incongruente y en ocasiones antagónica, para muestra los siguientes casos.

  • No puede esperarse que las políticas emprendidas en Venezuela, encuadradas en la llamada Revolución Bolivariana o del Socialismo del siglo XXI, lleguen a establecerse como un estilo de gobernar para los países cuyos controles de legitimidad interna actúan con otro tipo de dinámicas.
  • El mismo supuesto de la homogeneidad latinoamericana como causa de este giro es sumamente cuestionable, la agenda de México y Centroamérica se encuentra caracterizada por la insoslayable relación con Estados Unidos, el problema migratorio, la violencia del narcotráfico y las maras, entre otras características. Por otra parte en Sudamérica se observa con detenimiento la creciente influencia del chavismo en la región en donde no se explican casos como el de Chile y Colombia.
  • La incongruencia se observa generalmente por el contraste entre la retórica y la práctica, por ejemplo el discurso antiglobalista de un socio comercial de Estados Unidos.
  • En cuanto a negocios se refiere, los gobiernos nacionales han sido lo suficientemente inteligentes como para dar una respuesta en bloque a posturas generales como el ALCA.
  • Por otra parte, tampoco se observa una armonía de los países ante conflictos de interés particular que en apariencia no debería generar demasiados problemas para dos gobiernos de izquierda. Como ejemplo se hace mención del serio conflicto que se vive actualmente entre Uruguay y Argentina por la instalación en Fray Bentos (Uruguay), de dos fábricas de pasta de celulosa que contaminarían los cauces del río Uruguay, afectando a la población argentina de Gualeguaychú. La lógica del interés nacional camina por un sendero muy distinto al de la ideología.

Es importante mencionar también la tensión entre populismo[1] y socialdemocracia[2] en la que se tipifican a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. En Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú se vive el primer caso; Brasil Chile y Uruguay se ubican más del lado socialdemócrata. Argentina, Paraguay y Colombia se escapan a esta dialéctica.

Una victoria de López Obrador en México podría explicarse de distintas formas y no necesariamente debido a la íntima relación del país con las naciones latinoamericanas. Si así sucede, entonces el gobierno mexicano de izquierda deberá asemejarse más a la agenda de Lagos que a la de Chávez. En este sentido López Obrador mostró una señal durante el inicio de campaña en Metlatonoc, Guerrero: economía de mercado, orden macroeconómico y disciplina en el manejo de la inflación y el déficit público. Por tanto, los opositores de López Obrador pueden ir descartando la crítica sobre el advenimiento de la República Bolivariana Mexicana; los promotores de AMLO podrán hacer lo correspondiente con el argumento de que la política mexicana jamás seguirá sometida a condiciones políticas y económicas neoliberales.

En este sentido, habrá que guardar nuestras reservas en el momento de interpretar el sentido del voto mexicano en el mes de Julio. La izquierda latinoamericana no tiene el aspecto que pensamos ni los fundamentos que creemos, se trata más bien de una etapa más en las secuencia histórica que ocuparan en su momento los regímenes autoritarios y las democracias inmaduras del siglo pasado.


[1] Basado en una alianza que integra a corrientes como el nacionalismo, indigenismo, cesarismo militar, castrismo, marxismo post-soviético, el antinorteamericanismo y la figura carismático-providencialista de sus líderes.

[2] Su fundamento es el desarrollo social, la reducción de la desigualdad y la pobreza utilizando la tripleta comercio/tecnología/inversiones donde no hay progreso sin una adecuada inserción internacional.

Marco Iván Vargas Cuéllar es politólogo y Maestro en Administración y Políticas Públicas, actualmente es Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad del Centro de México (San Luis Potosí) y consultor sobre gestión, políticas y asuntos electorales.


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Menos compromisos y más planeación, por Marco Iván Vargas Cuéllar

Ante la inminente llegada de las campañas proselitistas, entre los electores cabe hacerse la pregunta: ¿qué debemos exigir a nuestros candidatos y a nuestros gobiernos?

Dentro del proceso de la política pública, la etapa de la planeación forma parte del fundamento a partir del cual los programas y acciones que emprende un gobierno, se cargan de viabilidad política, técnica y financiera. Así los responsables de las políticas comprenden que los gobiernos pueden trabajar mejor si se tiene una idea claramente definida del futuro deseado y de la mejor forma para realizarlo.

Tradicionalmente los sistemas de planeación en México se han desarrollado más por obligación normativa que por visión estratégica; la obligación de cumplir un plazo máximo para presentar, con bombo y platillo, el documento orientador de la política de un gobierno, en realidad representa una debilidad inherente al sistema de planeación limitado por un marco legal obsoleto. No conformes con esta situación, algunos establecen la obligatoriedad de que este documento deba ser levantado desde los ejercicios de participación ciudadana que poca relación tienen con la redacción final del Plan de Desarrollo.

Así encontramos casos de gobiernos que se encuentran encerrados entre las restricciones presupuestales y los compromisos de gobierno, siendo estos últimos una serie de acciones proyectadas generalmente a corto y mediano plazo, con un alto grado de impacto social — lo que sea que esto signifique — pero que poco tienen que ver con un programa de gobierno orientado hacia el crecimiento y desarrollo de una demarcación. Dadas estas limitaciones, poco puede esperarse de un gobierno si además trata de administrar una burocracia preexistente que se esfuerza por prestar los servicios que tiene encomendados.

No es raro escuchar que dentro de una administración se cuenten con distintos planes de administración y gobierno, ejemplo de ello son los planes de desarrollo, planes de arranque, planes de 100 días, planes trimestrales, planes para cumplir compromisos de campaña, planes de contingencia, entre otros. Adicionalmente se debe mencionar que las contingencias o situaciones extraordinarias, rompen con todo el edificio de mondadientes con el que se construyó un sistema de planeación.

Sobre lo anterior dos ejemplos: un desastre (que puede o no ser natural) siempre requiere de la intervención gubernamental y por tanto, del ejercicio de recursos no presupuestados, luego entonces, la debacle y la inmovilidad financiera; otro ejemplo tiene que ver con los excedentes petroleros, después de algunas semanas de recibir la maravillosa noticia de que los gobiernos recibirán una cantidad de millones para ser ejercidos en obra de infraestructura, viene el momento en que los responsables de la política se preguntan ¿y qué vamos a hacer con ese dinero?, luego entonces, viene la devolución de recursos por no ajustar los proyectos a los requisitos para su ejercicio, o se destinan en obras “que se sacaron de la manga”, ora un puente aquí, ora uno acá.

Los tiempos electorales se avecinan, analizar a las propuestas de campaña en materia de políticas públicas en un ejercicio conveniente y sumamente útil para contar con criterios relativamente objetivos a la hora escoger entre opciones y votar por un proyecto de gobierno.

Es en este punto donde cabe la reflexión de este texto. Aunque sabemos que las campañas aún no comienzan de manera formal, ya han empezado a circular por medios verbales y escritos los compromisos de campaña que esbozan, en el mejor de los casos, algunos de los componentes del proyecto de gobierno de tal o cual candidato. Ante esta situación nos preguntamos: ¿cómo se integra el conjunto de compromisos de campaña a un proyecto de gobierno?, ¿bajo qué criterios se ha diagnosticado una problemática para la que se promete cierta acción de gobierno?, ¿qué semejanzas existen entre las plataformas electorales que presentan los partidos y los planes de desarrollo del partido en funciones?, ¿qué semejanzas hay entre el Plan de Desarrollo y los informes de gobierno?.

Estos cuestionamientos no están redactados con el fin superfluo de desprestigiar a los candidatos y sus compromisos, pero sí se pretende plantear una reflexión en torno a la visión crítica de las promesas de campaña. Bajo esta perspectiva prácticamente se pueden despedazar los documentos de divulgación tales como “50 compromisos para recuperar el orgullo nacional”, “El reto de México, lineamientos generales de política pública” (de Calderón Hinojosa, documento que nadie conoce), o cualquier panfleto que vaya a publicar el PRI como documento que anteceda a su plataforma electoral.

Se sugiere no prestar demasiada atención a los deslices de los candidatos que normalmente ocupan el grueso de tiempo en los espacios de difusión tales como los spots, entrevistas, debates, etc. La prensa también ha demostrado que estas escandalosas propuestas venden bien, toda vez que aseguran la nota diaria al reportero para que pregunte al alcalde de Santiago Ixcuintla, Nayarit, su opinión sobre el dilema si el presidente debe o no vivir en Los Pinos, si debe viajar en Flecha Amarilla y vender el avión presidencial TP-01 “Presidente Juárez”.

De nuevo, considere el lector el ejercicio de localizar los documentos que plasman EL PLAN, con todos los elementos básicos de planeación de segundo semestre de licenciatura, sus objetivos, estrategias y acciones. Exija al promotor de cualquier candidato que le muestre el tejido fino del proyecto pretendido. Imagine que votar es como comprar una casa; hay que ver por lo menos, la foto — o un dibujo — del edificio en pie, y preguntarse de qué materiales está construido.

En síntesis, una de las exigencias de los ciudadanos hacia sus candidatos y gobiernos debe ser la exigencia de un sistema de planeación de la política que determine las acciones a seguir, que anticipe las contingencias y proyecte el crecimiento. Si al final del ejercicio el lector se queda con la percepción de haber recibido recortes engrapados, sin una estructura o una lógica, entonces sería bueno reconsiderar el voto en otra dirección.

Marco Iván Vargas Cuéllar es politólogo y candidato a Maestro en Administración y Políticas Públicas, actualmente es consultor sobre gestión, políticas y asuntos electorales.


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Política, gobierno, elecciones y la corresponsabilidad política entre gobernantes y ciudadanos, por Marco Iván Vargas Cuéllar

He aquí un motivo de error en la política: no pensar más que en sí y en el presente.

La Bruyère

En un país como México, donde los valores de la cultura democrática forman parte del nuevo arsenal del ciudadano promedio para enfrentar los mensajes propagandísticos de las campañas electorales, frecuentemente ocurren hechos que alejan al elector del proyecto político por el que ha votado, por el que paga sus impuestos y por el que respeta el marco de derechos y restricciones para convivir en paz.

La reforma político-electoral que se vislumbraba desde la LOPPE (1976-1977) hasta ya entrados los días del Doctor Zedillo, se aseguró de que un gran número de ciudadanos en su calidad de electores, tuvieran la capacidad de seleccionar a las élites que los gobiernan de una manera más o menos justa y relativamente confiable. Así, la democracia se fue asumiendo como este proceso en el que casi todos tienen la capacidad de expresarse e influir en los destinos nacionales, por medio de una papeleta cuya ponderación corresponde más o menos al 0.0000017027% de la decisión nacional.

De esta manera, mujeres y hombres, cualquiera que sea el color, condición económica o intelectual, tenemos el mismo derecho y la misma importancia al levantar la mano, tomar el crayón y votar por quien nos plazca. Desafortunadamente, ésta, la democracia procedimental, se ha quedado en el umbral de la selección y sustitución de élites y poco ha avanzado hacia la transformación de la cultura del gobernante y su responsabilidad para con los gobernados.

Si en la gerencia pública ya habla de accountability como la capacidad que los gobernantes tienen de rendir cuentas a la ciudadanía, en México este espíritu se envuelve de retórica y vaticinios de la clase política; concretamente del gobernante en funciones, del representante político o del funcionario de alto nivel.

Pensemos por ejemplo en un par de fórmulas favoritas de la campaña electoral:

Plebiscito y Referéndum. Reflexione el lector sobre la cantidad de ocasiones en que ha escuchado este par de palabras en la voz de un candidato o político en funciones, luego compare usted la legislación de los Estados (entidades federativas) que contemplan estas formas de participación popular y, finalmente, trate de recordar en cuántos plebiscitos y referéndum ha participado durante la ultima semana, mes, año o sexenio. Si usted conserva en su cabeza un dígito mayor que uno, entonces ha vivido engañado, ya que ese derecho del que se siente partícipe, no sirve para nada. La clase política sigue ahí, la iniciativa no surgió de la conciencia colectiva y, seguramente, alguien movilizó a los habitantes dos cuadras de Ciudad Neza para igualar la cantidad de votos de 3 estados del centro del país.

Que los ciudadanos tengan la capacidad de remover a los gobernantes que no sirven. De no ser por la obligación constitucional que nos garantiza que algún día llegará el final del ejercicio de un gobernante, nada ha podido sacarnos de la mente, de la curul o de la oficina en Palacio a esos vendepatrias que dan tanto de comer los periodistas y llenan registros a nuestros catálogos de incertidumbre civil. Intente el lector recordar si alguna vez ha visto cómo fueron inmolados en alguna plaza pública los siguientes personajes: Sergio Estrada Cajigal, José Murat, Víctor Cervera Pacheco, Mario Ernesto Villanueva Madrid, Fernando Canales Clariond, Rosario Robles Berlanga, Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana, Félix Salgado Macedonio, entre otros más.

Como bien ha señalado Rosario Green, en Estados Unidos el apoyo popular hacia los gobernantes y representantes se ha desplomado desde hace unos seis meses por causa del crecimiento de una brecha entre las aspiraciones de los ciudadanos y las decisiones políticas. Los electores se han dejado de sentir representados y frecuentemente se manifiestan en desacuerdo con algunas decisiones del poder público legalmente electo. Tal como pasa en México, el espectro de la opinión pública (que en sí es altamente vulnerable a la manipulación mediática) presenta poca correlación con respecto a los aforismos que pronuncian quienes detentan el monopolio de la conciencia popular.

De ello, considero, nos quedan dos opciones que no son mutuamente excluyentes: la indignación y la congruencia. Para la primera se necesita información y un dejo de nociones de civilidad; para la segunda es necesario extender esta posibilidad en las acciones, opiniones y decisiones cotidianas. Las leyes del mercado son impecables, si un producto se deja de consumir, desaparece. Esto no significa un estéril y generalmente inútil llamado a la resistencia civil, sino más bien un recordatorio de la libertad de elección (capacidad de discriminación) que los ciudadanos tenemos para con los políticos carentes de calidad o para quienes hacen de la política un acto de barbarie y cinismo. Algunos “periodistas” y medios de comunicación también se instalan en esta categoría.

La congruencia del ciudadano se refleja tanto en la calidad de sus exigencias en cuanto a cliente o consumidor de la política, como en su margen de tolerancia de los atropellos a la razón que son ofrecidos por candidatos, funcionarios y medios de comunicación. De nuevo, si algo existe, es porque nosotros lo hemos querido así. De esta manera, el ciudadano en cuanto a su capacidad de contribuyente, elector y futuro dependiente del estado, puede sentirse con el derecho y la obligación de rechazar todas aquellas propuestas, acciones u omisiones de éstas en el mensaje político y en el ejercicio del gobierno.

Las bondades de esta corresponsabilidad política entre gobernante y ciudadano, que igual puede interpolarse a los binomios elector-candidato o cliente-gerente público, son muchas y oscilan desde el ridículo del funcionario hasta la remoción del puesto, la viabilidad de estas probabilidades siempre dependen de la decisión del gobernado.

Marco Iván Vargas Cuéllar es politólogo y candidato a Maestro en Administración y Políticas Públicas, actualmente es consultor sobre gestión, políticas y asuntos electorales.


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Barbarismo político y tecnocrático, por Marco Iván Vargas Cuéllar

La constante divergencia entre los compromisos y las realizaciones políticas ha generado un déficit de credibilidad en los liderazgos democráticos de América Latina durante las últimas dos décadas. Las transiciones o revoluciones hacia la democracia procedimental o electoral han generado nuevos espacios y configuraciones institucionales que, de alguna manera, propician la aparición de liderazgos y jerarquías caracterizadas por el dogmatismo, la improvisación, el privilegio de los intereses electorales sobre los ciudadanos y en algunos escenarios, la incompetencia.

El estilo de gobierno dominante deja poco espacio a la previsión, gestando respuestas inmediatistas a los problemas ya acumulados que amenazan la estabilidad de la relación de fuerzas dominantes e, incluso, la permanencia del sistema democrático mismo. La función de apaga-incendios anula la capacidad de concentrarse en el cumplimiento de las promesas políticas, por lo que la baja capacidad de gobierno pasa a primer plano; mientras la habilidad crítica gestada en la oposición ya no tiene espacio práctico.

La población latinoamericana tiene cada vez menos confianza en la capacidad de los partidos políticos y los gobiernos que de ellos nacen para solucionar o, al menos, administrar los problemas públicos. Observa –ya sin asombro- que los programas electorales no constituyen un compromiso o una palabra que se avala con el cumplimiento, constata que los planes de gobierno y desarrollo se apartan de las promesas electorales y que la acción práctica de gobierno se distancia, a su vez, de los planes. Hoy es muy común escuchar que los partidos políticos son las instituciones más eficaces en el desarrollo de metodologías, técnicas y mecanismos para ganar elecciones, pero incapaces de gobernar con eficacia.

Los bárbaros políticos y tecnocráticos se encuentran instalados en esta categoría de gobierno; la burocracia, la política económica y el aparato represor del gobierno son los instrumentos con los que éstos operan para garantizar la permanencia del statu quo. En el estudio del poder en general y de la dominación en particular, Max Weber define a la burocracia como “un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta (mandato) del dominador o de los dominadores influye sobre los actos de otros (del dominado o de los dominados), de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato (obediencia)” (Weber, 1992, 699). La subsistencia de esta dominación se manifiesta de manera expresa mediante la autojustificación que apela a los principios de la legitimidad.

Entendemos a la burocracia entonces, como el aparato administrativo del tipo de dominación legal cuyos efectos se resumen en la concentración de los medios de administración en manos de los que detentan el poder; en la tendencia de la nivelación de las diferencias sociales producto del ejercicio del poder de la autoridad por medio de reglas abstractas, supuestamente iguales para todos y libres de criterios personalistas en el reclutamiento de funcionarios; y en el conflicto potencial inherente que un sistema de dominio legal-burocrático provoca en una democracia de masas.

El ideal Weberiano se encuentra empantanado entre las prácticas inmediatistas de los bárbaros y la cultura política del castigo de la población. Después de un período de tiempo, la ciudadanía castiga a los gobiernos, les resta su adhesión y en última instancia, otorga su voto a la oposición. Pero ese castigo no renueva las prácticas del gobierno, los dirigentes políticos y sus asistentes no aprenden de la historia reciente e insisten en los mismos errores. Los dirigentes no saben que no saben gobernar. En este sentido, “el voto-castigo en las elecciones presidenciales es una evaluación reactiva que no produce mayor eficacia y, en cambio, genera a la larga desaliento y desconfianza” (Matus, 1998, 161).

Tecnopolítica y capacidad de gobierno

Los líderes políticos se hacen en la práctica según las exigencias de la lucha política, sin embargo el estrato tecnocrático de una sociedad se forma en las escuelas y, a la larga, esas escuelas elevan las exigencias de calidad de la lucha política con el consiguiente efecto sobre la misma formación de los líderes en la práctica cotidiana. El dominio de la tecnopolítica es una característica excepcional del estadista.

La función tecnopolítica se distingue de otras a nivel gerencial en que no da por establecidos los objetivos sino que los crea o ayuda a decidirlos. No administra las estrategias decididas por otros sino que es creadora de estrategias. El estudioso de la tecnopolítica debe ser un verdadero científico social volcado hacia la acción, capaz de comprender que la acción no espera el desarrollo de las teorías y alerta para comprender que el tecnócrata, con raras excepciones, tiende a razonar unidimensionalmente apoyado en un solo recurso escaso y un solo criterio de eficiencia. También debe estar preparado para realizar la planificación política, para lo cual debe evitar las desviaciones del analista político común e improvisado, centrado exclusivamente en la historia, las encuestas sobre el presente, el mercado electoral y las ideologías.

Conclusión

El estudio de la conformación del sistema político que involucra instituciones, grupos (clases o elites) y procesos políticos, arroja reflexiones interesantes en la manera en que los actores sociales influyen en la conformación de liderazgos que posteriormente, son responsables de la conducción del Estado. Ante la realidad política latinoamericana caracterizada por la inserción de los bárbaros políticos y tecnocráticos formados en la palestra política y en la doctrina económica neoliberal, la función tecnopolítica aparece como una opción formadora de capacidad de gobierno cuyo objetivo primordial es la calidad de gestión del gobierno con alto compromiso social. El tecnopolítico no diverge de los intereses de conservación del poder, enfatiza más bien sobre el enfoque de la construcción de gobiernos eficaces con alta gobernabilidad y legitimidad sobre la población. La formación tecnopolítica comienza desde las escuelas y universidades hasta convertirse en una práctica superior del nuevo político.

Bibliografía

Matus, Carlos. (1998). Adiós Sr. Presidente. Editorial LOM. Caracas, Venezuela.

Weber, Max. (1992) Economía y Sociedad. FCE. México. D.F.

Marco Iván Vargas Cuéllar es Politólogo y candidato a Maestro en Administración y Políticas Públicas, actualmente es consultor sobre gestión, políticas y asuntos electorales.