El Cafecito

Comentarios sobre los alcances y nuevos retos institucionales a propósito de la Ley de Cultura del Estado de Aguascalientes, por Rafael Mendoza Toro

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La Ley de Cultura del Estado de Aguascalientes representa a la vez, importantes hitos y alcances para su promoción y desarrollo como política de Estado, al mismo tiempo que implica retos institucionales al aparato estatal y municipal, especialmente al Instituto Cultural de Aguascalientes. Reconoce explícita mente el derecho de toda persona a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, a disfrutar de los bienes y servicios culturales y a participar en su desarrollo y defensa; al mismo tiempo indica que el Estado tiene la misión de fortalecer los procesos de creación, expresión, difusión y de apropiación social de la cultura. En este tenor, corresponde al ICA no solamente el principal desarrollo de actividades encaminadas a su promoción, desarrollo y difusión, sino específicamente su rectaría en lo que hace a políticas culturales hacia el resto de las instancias estatales, los gobiernos municipales, la sociedad civil organizada, las empresas culturales y particularmente la ciudadanía, consumidora y beneficiaria de los bienes y servicios culturales.

La ley proporciona un marco normativo para actividades que actualmente ya se están realizando en el Instituto, como son la enseñanza artística en todos los niveles, de primaria al postgrado, o la actividad editorial siendo el ICA uno de los editores más activos del estado de libros y revistas de carácter cultural. No hay empero correlato institucional para algunos de los mandatos de la Ley: al crear por ejemplo el Sistema Estatal de Cultura (art. 19), otorga al Instituto su rectoría y coordinación con las demás instancias (art. 28 y siguientes), lo que implica la creación de un mecanismo de coordinación interinstitucional, la constitución de políticas públicas “transversales”, incluyendo en estas estrategias, programas y recomendaciones que debieran ser atendidas necesariamente por la Administración estatal, mecanismos de coordinación con las instancias federales y las municipales y de concertación y consenso con las demás instancias de la sociedad Civil. Lo anterior traería aparejado un esfuerzo programático en al menos tres niveles: en la formulación de la propuesta y constitución de un apartado dedicado a al Cultura en el Plan Estatal de Desarrollo (Artículo 12), en la formulación de un Programa Estatal de Cultura de amplios alcance y coherente con el primero, y en la constitución de un Programa de Desarrollo Institucional, de aplicación obligatoria al ámbito del Instituto Cultural. Se debe mencionar que  a la fecha en ningún gobierno se ha formulado un programa estatal de cultura ni siquiera un programa de desarrollo institucional, que proporcione un marco coherente a sus actividades.

La coordinación del Sistema Cultural entre el ICA (instancia rectora en la materia) y las demás instituciones y niveles de gobierno y la generación de los instrumentos programáticos respectivos requiere la creación de una instancia de enlace interinstitucional.

La Ley también modifica la personalidad y obligaciones jurídicas del Instituto, al confirmarlo como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, ampliando además sus capacidades para elaborar contratos, convenios y otros instrumentos jurídicos, a mas de otorgar nuevas facultades en la formulación de convenios internacionales, que pueden implicar importaciones directas, financiamiento, colaboración, etc.

El cumplimiento de esta nuevas tareas de materia jurídica implica la necesidad de fortalecer y ampliar la estructura legal del Instituto.

La nueva Ley, en su art. 10 menciona la prioridad del apoyo institucional a la producción y creación artística, ya sea a artistas y creadores individuales, organizados o a empresas culturales. En esa vertiente de concertación, existen en la actualidad mecanismos de soporte y apoyo financiero a propuestas artísticas operando dentro de los diversos fondos federales, estatales y municipales, contando todos estos con reglas especificas en lo que hace al tiempo, modalidades, montos de financiamiento, etc. Es necesario, con todo, establecer mecanismos más flexibles, para atender proyectos fuera de este formato, que pudiendo exceder los montos tradicionales de financiamiento de los fondos, sean de tal relevancia que lo ameriten, esto asegurando la transparencia del proceso de evaluación y ejercicio de los financiamientos aprobados, así como esquemas de retorno. Pero en otra vertiente no existen ni instancias ni mecanismos para la colaboración, asesoría y eventual financiamiento para las empresas culturales, sector de la economía muy dinámico, en donde empresarios privados invierten y generan empleos, al mismo tiempo que producen bienes y servicios culturales; por ejemplo, de acuerdo al Censo Económico 1999 mas de 2000 establecimientos se podían ubicar dentro del subsector “Cultura” (de acuerdo a los términos definidos por Ernesto Piedras en su estudio) empleando a casi 5000 personas,  el 3% de todo el personal ocupado en la Entidad.

En este sentido, el Instituto debe implementar mecanismos e instancias de coordinación y concertación para el apoyo y trabajo con empresas culturales, al margen de sus fondos de financiamiento tradicionales, trabajando coordinadamente con la Secretarias federal y estatal de ramo.

Al definir al ICA como rector del Sistema Estatal de Cultura, ello le implica no solo llevar el seguimiento y registro de sus propias actividades sustantivas: eventos, público asistente, ingresos propios, etc. sino constituir un autentico Observatorio Cultural, que registre las más diversas actividades que en la materia realicen todos los actores sociales del Estado, tanto porque ello implica una cierta estimación del “clima cultural” local, como para establecer mecanismos adicionales de promoción y desarrollo en aspectos que aparezcan relevantes dentro de esa observación. Por ejemplo, en el 2005 se levanto una encuesta estatal de prácticas y consumos culturales, semejante a la encuesta nacional; dentro de sus resultados se puede destacar que en el curso del último año, el 52% de los encuestados había asistido a una biblioteca, el 42% a un casa de la cultura o recinto similar, pero en el caso de Museos de todo tipo solo un 25% lo había hecho en el año previo; en otras prácticas culturales el 22% había asistido al teatro, mientras que al cine prácticamente el 75% iba al menos una vez al año; en lo que hace a prácticas de lectura el 37% no había leído un solo libro el año previo y el 32% lo había hecho entre uno y dos libros, entre otros datos. Todo la información anterior, aunada al informe interno de actividades institucionales le permitirían una formulación especifica de programas, así como mecanismos de ajuste y corrección. En otra instancia, permitirían también la consolidación de una Subcuenta Económica Cultural, necesaria para las cuentas económicas estatales.

Constituir una instancias rectora del Observatorio Cultural, donde se elaboren las políticas e instrumentos de captación de información, así como se lleven, concentren y procesen los datos respectivos, permitirían al Instituto cumplir en mejor medida sus nuevos retos.

 Rafael Mendoza Toro. Alguna vez médico, burócrata de medio pelo y redentor del proletariado, olvidó esos afanes y le gustaba decir que se dedicaba a la vida contemplativa en el face. Su prematura muerte en este mes de diciembre de 2013, dejó inconcluso este texto y muchos otros proyectos.

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