El Cafecito

Ni vivos, ni muertos, están desaparecidos, por Aleida Gallangos Vargas

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Durante la década de los 70, el estado Mexicano decidió silenciar miles de aquellas voces que exigían democracia, a partir de una explosión generacional, de militancia opositora, de aquellos que se les denominaba  grupos subversivos y que eran considerados como enemigos del sistema. Estos fueron brutalmente reprendidos por la ineficacia sistemática que optó por la formación de grupos paramilitares tales como el batallón Olimpia, los Halcones, la DFS y la Brigada Blanca, cuyas técnicas de represión estaban basadas en detenciones arbitrarias, torturando, asesinando y participando en cientos desapariciones forzadas de lesa humanidad,  dejando huellas imborrables en la memoria popular por los graves atropellos a la dignidad humana y que han manchado de sangre una parte importante de la historia de nuestro país, marcando dolorosamente un destino de terror y sumisión del que será difícil desprendernos.

Es evidente que el estado Mexicano  no solamente abandonó cualquier principio de derecho, también negó cualquier garantía de defensa. La mayoría de las detenciones fueron documentadas, como es el caso de Roberto Antonio Gallangos, detenido el 19 de junio de 1975. La detención quedó certificada con el sello de la Secretaría de Gobernación y firmada por el Director Federal de Seguridad Luis de la Barrera Moreno. Sin embargo, la información es cortada hasta agosto de 1975, presentando fotografías que evidencian que Gallangos fue objeto de torturas, privado de toda comunicación con el mundo exterior y de cualquier garantía institucional.

Otros casos que quedaban fuera de los cuadros combatientes de los grupos subversivos, como es el de Rosendo Radilla, desaparición forzada a partir del 25 de agosto de 1974, detenido ilegalmente por un retén militar del Ejército en el Estado de Guerrero y que actualmente la Comisión Interamericana de Derecho Humanos somete ante la Corte Interamericana de derechos Humanos la demanda del caso por la  impunidad total en que se encuentran tales hechos a más de 33 años de ocurridos.

El Estado Mexicano no sólo ha caído en el síndrome de la negación, sino que también se ha valido de diversas artimañas para evadir cualquier responsabilidad en algunas veces valiéndose de acciones sistemáticas como la formación de la Fiscalía Especial para la Investigación de los Crímenes del Pasado,  la cual no sólo fue incapaz de realizar cualquier indagación de la suerte de los desaparecidos, esta Fiscalía supuestamente pretendía hacer las averiguaciones pertinentes y las pesquisas de información se llevaban a cabo con suma dilación sin haber obtenido resultado alguno, la desconfianza hacia los trabajos realizados siempre fue latente por todas aquellas familias que seguimos esperando respuestas sobre el paradero de nuestros seres queridos. Los familiares y la sociedad mexicana necesitamos ser consistentes y adquirir la lucidez de nuestro pasado, pero no ingenuos, ciegos, ni sordos, mientras no se dé una resolución a los crímenes del pasado, la injusticia seguirá prevaleciendo y seguirán surgiendo nuevas desapariciones forzadas como las ocurridas recientemente del  señor Edmundo Reyes Amaya y el señor Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntamente militantes de la organización Partido Democrático Popular Revolucionario, y que hasta el momento no se les considera ni vivos, ni muertos, están desaparecidos.

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Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra propia, estatuyeron en sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni aun en los más catastróficos estados de emergencia: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución sumaria.

Documento Nunca más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

Por los desaparecidos México “Justicia y Verdad”.

Por el derecho a la Identidad.

Aleida Gallangos Vargas es egresada de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, forma parte de la organización Mexicanos sin Fronteras y lucha por la recuperación de la memoria y el reconocimiento social de los desaparecidos y la guerra sucia en México.

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